Seguramente el evento no habrá de figurar en las primeras planas de los periódicos como un acto más de terrorismo, pero en cierto sentido lo es: después de algunas acciones preliminares, los llamados Comités de Acción Vitícola (CAV), compuestos presumiblemente por jóvenes viticultores, incrementaron su ofensiva desde el mes de mayo, derramando en las carreteras millones de litros de vino importado de España, más barato que el local.
A fines de mayo sufrieron ese destino unos 350,000 litros de vino en la localidad de Trèbes, un pueblio de la región de Languedoc-Rosellón, cerca de Carcasona. En las paredes del sitio aparecieron inscritas las siglas del CAV.
Luego fueron atacados, del 7 al 8 de junio, más depósitos que contenían medio millón de litros de vino. Curiosamente más de la mitad era vino francés sin DO o Vino de la Tierra del Pays d’Oc. Esta vez el ataque fue en Pennautier, también en el departamento del Aude, y pertencían a la emprea Domaine Montariol-Degroote, cuyas pérdidas declarados rondan los 700.000 euros.
La misma agencia de noticias AFP, que le ha dado seguimiento a la revuelta, informó que varias personas derramaron 200.000 litros de vino el 13 de junio, también en el sur de Francia. Se trataba de vino propiedad de la empresa de ‘négoce’ Vellas y sucedió en la localidad de Teyran, muy cerca de Montpellier.
Las autoridades han intentado sin éxito sin éxito detener esta ola de ataques, a pesar de la reciente formación, a tales efectos, de una comisión conjunta hispanofrancesa. Los militantes del CAV ven al vino a granel español como una competencia desleal dados los precios más altos que alcanza el francés.
Son las reglas de la competencia en un mercado abierto como el europeo. Por eso desde el ángulo legal productores del sur de Francia rastrean también estas importaciones a la búsqueda de ilegalidades en su registro y en el cumplimiento de las obligaciones que marca la ley de señalar el origen del producto.
