Finalizando abril 2018 fue aprobada en el congreso la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola Nacional, una iniciativa que partió hace nueve años del gobernador de Baja California, Kiko Vega, y del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV).
Después de un prolongado periplo de casi dos años a lo largo de las principales zonas vinícolas del país y reuniones en ellas con gobernadores y funcionarios estatales, la gestión cristalizó en tratamiento parlamentario el cual, a su vez, desembocó en esta ley.
Como adelantamos hace algunos meses, el dispositivo ayudará a considerar a la industria vitivinícola como prioritaria, lo cual abrirá las puertas a mejores condiciones de financiamiento y a una necesaria transferencia tecnológica, tanto en la parte agrícola como de bodega. Aunque el vino mexicano llega tarde a la escena internacional, tiene a su favor la posibilidad de aprovechar el impresionante desarrollo del conocimiento desde inicios del siglo veinte y la radical transformación de la industria.
El CMV acompañó el anuncio de algunas cifras que pusieron de relieve la circunstancia favorable. Tal vez el más espectacular fue que el consumo de vinos en México ya está cerca del litro per cápita, un aumento significativo si se tiene en cuenta que la última cifra conocida era de alrededor de 750 mililitros en 2015, o sea que el incremento anual ha sobrepasado el 10%.
El CMV destaca que en 2017 el vino mexicano ocupó cerca del 30 por ciento del mercado, con una producción de casi 2 millones 150 mil cajas. Gabriel Padilla, director general de CMV, dijo a CATADORES que la expectativa de esa organización es que en un plazo de entre diez y quince años la producción crezca otro tanto, es decir otros dos millones y medio de cajas. Entretanto, el mercado se habrá ampliado al doble de lo que es hoy día. Si ahora el vino mexicano abarca el 30 por ciento del consumo, en una década debería tener, asegura, el 45 por ciento.
CMV define al mexicano como un “mercado verde”, con un valor de 4,650 millones de pesos y mucho espacio para crecer. Según la OIV, nuestra producción de vinos se sitúa en el lugar 45 a nivel mundial, mientras que en México lidera el mercado, seguido de los importados de Chile, España, Argentina, Francia, Estados Unidos e Italia. En total son más de cinco millones 100 mil cajas de 12 botellas las que se venden anualmente en el país.
Varias son las consecuencias de corto y mediano plazo que avizora Padilla tras la aprobación de la ley. Entre otras, el registro de la marca colectiva “Vino Mexicano” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se acompañará de normas que reglamentarán su utilización y definirán los estilos que están gestando las diferentes regiones vinícolas de la república. Sería el embrión de un sistema de denominaciones de origen que, por lo pronto, creará la más básica: la del país.
También la nueva ley, señala Padilla, reunirá a la iniciativa privada y al estado en torno a la definición de políticas para el sector. Los objetivos son promover el enoturismo, incrementar el número de hectáreas dedicadas a uva para vino, la ampliación de la infraestructura para la elaboración de vinos y el desarrollo de recursos humanos. Hay coincidencia, enfatiza, entre el gobierno y el sector privado para apoyar una expansión acelerada. Se trata de que el fenomenal aumento en el consumo sea mejor aprovechado por los nacionales, mientras que ahora, enfatiza, lo capitalizan más los importados.
Entre las tareas que habrá de encarar el CMV, con el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), está la zonificación de las regiones vinícolas de México y la definición de sus características a fin de seleccionar mejor las variedades optimas para cada una, mejorar el aprovechamiento en el viñedo de los recursos hídricos y aminorar el impacto del cambio climático, todo lo cual dará más certeza al momento de decidir las inversiones.
El CMV espera que la nueva ley ayude a construir una agenda con los gobernadores de los estados sobre algunos temas puntuales. Uno de ellos es la exclusión del vino de algunos impuestos que aplica cada estado al alcohol. El argumento recala en su carácter de alimento y las diferencias con los destilados, cuya oferta masiva genera problemas de falsificación y abuso en el consumo. Las cargas impositivas aplicadas de manera discrecional, acota Padilla, distorsionan el mercado y desvían recursos.
En la visión de sus promotores, la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola Nacional debería llevar a una importante transformación que, además de extender la frontera vinícola, habrá de generar ingresos y empleo en los estados a partir de la inversión de las bodegas en equipamiento y desarrollo agrícola.
Consumos per cápita en 2017: 960 ml.
Aumento anual del consumo: 8 a 10%
Estados productores en México: Baja California, Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Puebla.
